Uno de cada cuatro presos sufre un trastorno psiquiátrico grave

marzo 18, 2010

Entre un 22 y un 25% de los 70.000 presos que pueblan las cárceles españolas sufre un trastorno psiquiátrico grave. De ellos, apenas caben 400 en alguno de los dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios que funcionan hoy en España: uno en Sevilla y otro en Murcia.

Según la OMS, el 1% de la población mundial sufre esquizofrenia. Uno de cada cien. “No tenemos fichados ni a uno por cada mil habitantes”, asume Julio García Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Salud Penitenciaria (SESP). El resto puede estar en su casa, en la calle, en las prisiones… “En cualquier sitio menos en el lugar donde le correspondería”.  

Los que consiguen ingresar en la Sanidad Penitenciaria tampoco están atendidos como debieran. García Guerrero ha exigido una vez más que los servicios sanitarios de las prisiones españolas se integren en el Sistema Nacional de Salud para que los internos reciban una atención al menos “equivalente” a la de cualquier ciudadano español.

La Sanidad Penitenciaria en sí es una “parcela aislada” en la atención que se presta al conjunto de la sociedad española. Tanto la Ley General de Sanidad de 1986 como la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 exigen que esta competencia, aún en manos del Ministerio del Interior, se transfiera a las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas. Algo que por ahora sólo ha ocurrido en Cataluña. “El aislamiento del SNS es ilógico e ilegal”, recalca García Guerrero.

Estos profesionales sanitarios suman unos 1.500 en el conjunto de España. Cobran un 20% menos que le resto de facultativos del sistema público, trabajando unas 30 horas extraordinarias más al mes, porque también faltan psiquiatras y medios para entender a estos enfermos. Además, atienden a una población con múltiples enfermedades mentales, toxicomanías y enfermedades infecciosas. Los datos le avalan: el 20% de los presos tienen hepatitis C y un 8% son víctimas de sida. García Guerrero pide que se respete el principio de “equivalencia” entre ciudadanos, ya que “puede que se esté vulnerando”.

José Manuel Arroyo, subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, dice que es culpa de las comunidades autónomas, que no han ejecutado este traspaso de competencias. Desde la SESP se ha intentado concienciar de este problema que se agrava con el tiempo a todos los estamentos oficiales relacionados con la Sanidad Penitenciaria. “Éste es un problema de voluntad política” que discrimina doblemente: “Tanto a las personas privadas de libertad como para los profesionales médicos que prestan esa asistencia”, sentencia García Guerrero.  

Juan Antonio Gómez, enfermero del centro penitenciario de Murcia, habla del desconocimiento total que existe sobre el colectivo penitenciario y habla de su trabajo como un trabajo apasionante. “No hace falta irse al Reina Sofía para ver arte. En un centro penitenciario vemos arte todos los días: el arte de cuidar a unos enfermos que muchas veces no saben ni siquiera qué delito han cometido”.

Sistema insuficiente: ni estructuras ni materiales

Los expertos concluyen que tanto la situación de los funcionarios de una prisión psiquiátrica penitenciaria como la de los internos son tercermundistas. No disponen de medios ni de infraestructuras suficientes y, sin ayudas, los funcionarios no pueden trabajar con los materiales suficientes. “Es un sistema insuficiente: sus prestaciones son muy mejorables”, insisten.

Si la Constitución ordena de manera tan clara poner remedio definitivo al problema, “¿por qué no se efectúan las medidas correspondientes?”, dejan sobre la mesa. Los presos también tienen derecho a la salud y a la dignidad humana. Y la filosofía de estos centros debería estar basada en el principio de reinserción en la sociedad, “no el de la exclusión ni el de la discriminación”.

Fuente: elconfidencial.com

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Publicado en Actualidad 

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