La Academia Nacional de la Ingenieria y el Habitat

Agosto 24, 2009

Declaración

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en cumplimiento de sus atribuciones legalmente conferidas en la ley de creación, considera un deber fijar su posición con respecto a la situación ambiental del país.

Con especial preocupación, se aprecian diversas manifestaciones de deterioro ecológico, sin que los responsables de la gestión pública ambiental estén actuando diligentemente para prevenir o subsanar las situaciones señaladas.

Como especialmente graves se califican la calidad ambiental del medio urbano, la calidad de las aguas, la disposición final de los desechos tóxicos y peligrosos que se generan, la falta de información oficial, la tasa de deforestación, las invasiones incontroladas, la falta de una política energética sustentable, la carencia de un programa sistemático de evaluación, prevención y mitigación de los riesgos ambientales, la inoperatividad de la red hidrometeorológica del país, la suspensión de los estudios penológicos y edafológicos para determinar la vocación de los suelos y la carencia de la adecuada educación ambiental.

1. En el medio urbano, que es donde habita más del 80% de los venezolanos, la calidad ambiental continúa deteriorándose, con grave riesgo para la salud de la población, especialmente en las barriadas humildes, por la precariedad de las viviendas, la deficiencia de los servicios de recolección y disposición de basura y la inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada o por la mala operación de los sistemas de suministro de agua potable los cuales raramente prestan un servicio continuo.

2. La calidad de las aguas, sobretodo en la región norte-costera e insular de Venezuela, donde el recurso es más escaso, se viene deteriorando progresivamente. Por otra parte, no se dispone de una red de calidad de aguas que genere una información continua y confiable en las playas y mucho menos en las corrientes fluviales que drenan las zonas mas densamente pobladas. Siendo la recreación en ríos y playas la de mayor demanda por la población se carece de un sistema de certificación de playas acorde con las exigencias internacionales en la materia. Así mismo, es inexistente un sistema de seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas.

3. A pesar del desarrollo jurídico sobre la materia, aun el país carece de soluciones concretas para la disposición final de los desechos tóxicos y peligrosos que genera el aparato productivo a lo largo y ancho del país. La mayor parte de estos desechos siguen siendo almacenados temporalmente en instalaciones inapropiadas. Algunos hasta son exportados, debiendo cubrirse onerosos costos para la economía nacional. Mientras tanto, aumenta anualmente la producción de este tipo de desechos y consiguientemente se incrementan los riesgos para la salud de la población expuesta y los ecosistemas adyacentes.

4. Las estadísticas ambientales oficiales, que son clave para medir el avance en la conservación de ambientes prístinos y mejorar ambientes afectados, no se publican desde 1996. Ejemplos al respecto se tienen en la falta de información pública sobre calidad del aire, la tasa de deforestación, el estado de las áreas naturales protegidas o las cifras de afectación de áreas urbanas y rurales sometidas a inundaciones frecuentes o extraordinarias.

5. En alguna de las ciudades mayores del país, como Caracas, Maracaibo y Puerto La Cruz, existían redes o estaciones para medir la calidad del aire. Esas estaciones ya no existen o no son operadas y por lo tanto se carece de la información indispensable para evaluar situaciones anómalas y planificar las medidas y otras acciones requeridas para asegurar una atmosfera apropiada para la salud.

6. La tasa de deforestación, según los datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), sigue siendo muy alta y no se cuenta con datos oficiales que corroboren o desmientan estas cifras. Si efectivamente fuera así, ello es indicativo de una mala gestión ambiental pública y privada, con la consecuencia de que esta acción antrópica constituye la más grave agresión contra la biodiversidad nacional al destruirse hábitat de fauna y flora y por ende gran cantidad de especies animales y vegetales.

7. La extensa red de áreas especiales protegidas (parques nacionales, refugios de fauna y flora, reservas forestales, entre otras) es objeto constante de denuncias de invasiones y deforestaciones, sin que se conozcan los resultados de las indagaciones. En el caso de resultar cierto lo manifestado, ello seria un indicador de una vigilancia muy deficiente.

8. No se conoce, ni se ha hecho un esfuerzo para elaborar y divulgar una política energética sustentable que priorice el ahorro de combustibles que en el país se derrocha irracionalmente, estimule la eficiencia energética y promueva el aprovechamiento de fuentes renovables de energía. No se han actualizado los estudios de inventario de los recursos hidroeléctricos, principal fuente de energía no renovable del país. No se conocen estadísticas actualizadas de intensidad energética, consumo sectorial de energía, entre otras. No hay un vinculo explicito entre la política ambiental y la energética, que se traduzca en lineamientos sobre transporte, edificaciones, vivienda, desarrollo de fuentes energéticas entre otras materias.

9. Se adolece de un programa sistemático de evaluación y prevención y mitigación de los riesgos ambientales, tales como sismos, inundaciones, deslizamientos y derrumbes que representan perdidas de vidas y bienes que requieren sistemas de detección y litigación eficaces con una coordinación efectiva entre autoridades nacionales, estadales, municipales y la ciudadanía..

10. La red hidrometeorológica del país utilizada para medir datos climatológicos y el caudal de los ríos, instalada con un esfuerzo costoso y continuado por mas de medio siglo y que sirvió para generar la información indispensable para los proyectos y operación de la extensa infraestructura hidráulica con que felizmente se cuenta en la actualidad, está en su mayor parte inoperativa. Por estas razones dejaron de publicarse boletines hidroclimatologicos con la información correspondiente, como ocurre en los diferentes países del continente.

11. Los estudios penológicos y edafológicos para determinar la vocación de los suelos, indispensables para la ordenación territorial y la planificación agropecuaria, dejaron de realizarse y prácticamente todos los estudios existentes, que cubren a diferentes escalas, diversas extensiones de Venezuela, tienen mas de 20 años.

12. Dentro de las carencias de la educación primaria, básica y diversificada en el país, continuamente reseñadas por los expertos, es perfectamente posible suponer que a ellas no escapa la educación ambiental. No se esta impartiendo el tipo de educación ecológica necesaria para que los futuros ciudadanos puedan ser protagonistas de un desarrollo sustentable. La evidencia del comportamiento ciudadano frente al ambiente urbano y rural, es una demostración más que fehaciente de lo indicado.

En resumen, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat observa con mucha preocupación que la situación ambiental de Venezuela está atravesando por tiempos verdaderamente críticos. Ni el Estado, ni la sociedad civil, le están dando cumplimiento a las obligaciones constitucionales que tienen, ni al amplio instrumental jurídico aprobado para asegurar una gestión ambiental sustentable.

No existe una política ambiental nacional que explicite los objetivos a alcanzar ni las estrategias y acciones a realizar. La Academia llama la atención a todas las instituciones públicas, con responsabilidad en materia ambiental, para que cumplan con sus obligaciones legales y administrativas. Y a la sociedad civil la exhortamos a jugar un papel más activo en la vigilancia del patrimonio natural y en su conservación y mejoramiento.

PALACIO DE LAS ACADEMIAS, Caracas, 18-8-2009

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Publicado en Actualidad, Opinión 

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